Baltasar Garzón Real, abogado y juez. Nació en Torres (Jaén) en 1955. Como Juez de la Audiencia Nacional llevó a cabo la instrucción de delitos de gran relevancia mediática como crímenes contra la humanidad, terrorismo de ETA y GAL, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica. En 2012 fue inhabilitado como juez acusado de prevaricación por Tribunal Supremo, tras una polémica instrucción, que está siendo actualmente revisada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Familia. Es el segundo de los cinco hijos del agricultor y empleado Ildefonso Garzón Cruz, y de Maria Real Burgos, ambos naturales de Torres (Jaén). En 1980, contrajo matrimonio con María del Rosario Molina, con la que tiene tres hijos.
Formación. Empezó a estudiar en un colegio privado de Baeza, ubicado en un antiguo seminario. La familia se trasladó a Sevilla, donde se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979.
Juez. Accedió en 1980 a la carrera judicial aprobando la oposición a Juez. En 1981 fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del Camino (Huelva). Posteriormente, fue trasladado a Villacarrillo (Jaén). En 1983 obtuvo el ascenso a Magistrado. Su primer destino fue Vitoria, en 1984 pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Almería. En 1987 le nombraron inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial para todos los Tribunales de Andalucía.
Audiencia Nacional. De 1988 a 2012 fue magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. En este empleo consiguió gran repercusión mediática por las acciones que llevó a cabo en todos los niveles de alta delincuencia, política, terrorista, narcotráfico, y económica.
Narcotráfico. Baltasar Garzón dirigió importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia. Con la operación Nécora, en 1990, desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña y, con la operación «Pitón» (1991), detuvo a los integrantes del llamado «clan de los Charlines».
Caso GAL. Sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones realizadas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo. Respecto al secuestro de Segundo Marey, caso por el que se dieron a conocer los GAL, Rafael Vera, fue condenado por el Tribunal Supremo. Rafel Vera, recurrió esta Sentencia ante el Tribunal de Estrasburgo que afirmó que "la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional Española Baltasar Garzón podría estar en entredicho" por las "relaciones personales conflictivas" y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el magistrado", fruto de su desempeño en el gobierno socialista junto a Rafael Vera. Sin embargo, esta misma sentencia concluye que pese a este hecho, España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Terrorismo de ETA y su entorno. Garzón investigó a la organización terrorista (ETA) y lo que se considera su entorno. Fue el primer juez español que se desplazó a Francia para interrogar a dirigentes de la banda detenidos en el país vecino. Sus investigaciones provocaron la detención de los responsables de casi un millar de asesinatos cometidos por la banda desde 1961 hasta el año 2010. En 2002, suspendió durante tres años las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte del entramado de ETA. También ha investigado a otras organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), alegando que formaban parte de diversos frentes del entramado de ETA.
En diciembre de 2006, Baltasar Garzón incorporó a sus investigaciones sobre delitos de terrorismo un procedimiento para reforzar las garantías de los detenidos en régimen de incomunicación para casos de terrorismo, respetando los estándares internacionales de organismos de Naciones Unidas y de Derechos Humanos que en ese momento no se asumían en España. El conocido como Protocolo Garzón.
Derecho internacional. Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991).
Dictadura militar Argentina. Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de1976-1983. En ese marco, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.
Crímenes del franquismo. Baltasar Garzón, mediante una resolución fechada en octubre de 2008, se declaró competente para llevar adelante acciones judiciales conducentes a investigar las atrocidades realizadas por la Dictadura franquista, consistentes en torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones.
La decisión de Garzón fue recibida con entusiasmo por las organizaciones memorialistas impulsoras de estas denuncias, que incluso habían remitido al juez un censo parcial de nombres de más de 140.000 desaparecidos. Sin embargo, esta resolución se tomaba en contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, que argumentó que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar este tipo de delitos. Finalmente, Garzón se inhibió en favor de los jueces territoriales mediante un Auto
El 24 de abril de 2010 miles de personas realizaron concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España para denunciar la impunidad del franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón, convocadas por plataformas de reconocimiento a la Memoria Histórica.
La organización de ultraderecha Falange Española de las JONS y el pseudo sindicato Manos Limpias, denunciaron a Garzón ante el Tribunal Supremo. Tras un largo proceso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró a Garzón inocente del delito de prevaricación en una sentencia histórica que cerraba la vía judicial penal para poder reclamar el derecho de las víctimas a la justicia.
Caso Gürtel. La Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y otras regiones. A los implicados se les acusó de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. El nombre dado a la trama, Gürtel, está relacionado con el apellido de Francisco Correa principal sospechoso de encabezar la red. Quedaron imputados varias decenas de cargos públicos relacionados con el Partido Popular.
Tras los indicios hallados contra aforados (diputados y senadores) que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibió del caso y cedió la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid.
En febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite una querella motivada en el hecho de que Garzón ordenara grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que entendía que el juez habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.
En febrero de 2010 la Fiscalía del Tribunal Supremo calificó de «fraude de ley» la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas, a pesar del recurso de súplica del fiscal ante el tribunal contra la admisión de la querella. La Fiscalía argumentaba que la intervención de las grabaciones había contado en todo momento con la autorización judicial necesaria y que además habían proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
El juez que sucedió a Garzón en el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, avaló la intervención de estas comunicaciones al igual que las dos fiscales anticorrupción adscritas a la causa. También estuvo conforme con esta actuación el magistrado de la Sala de lo Penal del TSJM José Manuel Suarez Robledano.
Sanción. En 2012, la Sala Penal del Supremo condenó al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación consistente en interceptar las conversaciones que los imputados del 'caso Gürtel', trama corrupta, vinculada al Partido Popular, mantuvieron en prisión con sus abogados, “interceptación que ordenó y prorrogó a sabiendas de que vulneraba el derecho fundamental de defensa”, según la sentencia. La condena a 11 años de inhabilitación, apoyada de forma unánime por la Sala, supuso la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial.
En febrero de 2020 El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió la denuncia de Baltasar Garzón contra su inhabilitación por vulneración de derechos y falta de parcialidad en el proceso judicial por el que fue inhabilitado durante 11 años en 2012.
Estancia en Estados Unidos. En 2005, obtuvo una licencia por estudios conferida por el Consejo General del Poder Judicial, se incorporó como Senior Fellow al Center on Law and Security, School of Law, de New York University, y, como Catedrático titular de la cátedra «Cultura y civilización español» en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York University. Al año siguiente regresó a España.
Tribunal Penal Internacional. El 23 de mayo de 2010 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya le designó Consultor externo. El 7 de julio de 2011, se integró en el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
Actividad en Hispanoamérica. En 2012 recibió de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su documento de identidad de residente extranjero en Argentina, para que pudiese seguir desarrollando su actividad en dicho país, donde ejerció de asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de Argentina, y preside el Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO de Argentina. Coordinó en 2012 la Veeduría Internacional de la Reforma de la Función Judicial en Ecuador (pro-bono). Durante los años 2011 y 2012, ejerció como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (2011-2012).
Política. Fue candidato independiente a diputado en las listas del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo de 1994 abandonó ambos cargos. En 2017 fue uno de los fundadores del partido político Actúa, y fue candidato a las elecciones europeas.
Abogacía. Desde abril de 2012, ejerce como abogado por el ilustre colegio de Abogados de Sevilla. Dirige el despacho de abogados ILOCAD SL, desde donde coordina pro bono la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Publicaciones y divulgación. Baltasar Garzón es autor de 9 libros entre los que destacan, “Cuento de Navidad: es posible un mundo diferente” (2002), “Un Mundo sin Miedo” (2005), “La Lucha contra el terrorismo y sus límites” (2006), “La Línea del Horizonte” (2008), “En el Punto de Mira” (2017) y “No a la Impunidad” (2019)
Existe una biografía de Garzón, cuya autora es la periodista Pilar Urbano, titulada “Garzón: El hombre que veía amanecer”. El Consejo General del Poder Judicial abrió diligencias informativas al juez por esta biografía, por considerar que Garzón reveló datos a la autora sobre sumarios que instruyó o estaba instruyendo.
Ha impartido Cursos y Conferencias en numerosas Facultades de Derecho tanto en España como en el extranjero. Es autor de numerosos artículos publicados en periódicos relevantes y en revistas de temas jurídicos. Pertenece a un gran número de sociedades y asociaciones de ámbito judicial y de temas sociales y políticos.
COVID-19. En 2020 ha resultado contagiado de forma grave por el COVID-19, estuvo ingresado casi diez días en la clínica Ruber de Madrid por una neumonía bilateral a consecuencia del coronavirus, y continuó el tratamiento desde su domicilio, bajo la premisa de “aislamiento absoluto” durante catorce días más.
Premios y reconocimientos honoríficos. Han sido muchos los premios y reconocimientos que ha recibido entre los que estacan:
Premio Nacional de Derechos Humanos, 1990;
Premio Jurista del Año de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Derecho, 1990;
Premio al Español con mayor impacto en la prensa internacional en 1990, por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera;
Premio Jurista del Año 1991 de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid;
Premio Master de Oro del Forum de Alta Dirección, 1993;
Hijo Predilecto de Torres, Jaén, 1994;
Premio Internacional Paz y Solidaridad 1995 de la Fundación Ignis Ardens, de Roma;
Premio Leaders of Future 1998, del World Economic Forum;
Nombramiento de representante honorífico de España en el Museo del Holocausto de Washington, en 1997 en reconocimiento a la contribución para el establecimiento de la Corte Penal Internacional de Justicia, 1998;
Premio a la Personalidad Española de 1998 de la Asociación del Club Internacional de Prensa, de España, 1999;
Premio Portapaz de 1999 del Seminario Gallego de Educación para la Paz;
Premio a la Solidaridad Internacional de Érguete-Vigo, 1999;
Título de Juez del siglo de la Asociación de Derechos Humanos, de Ecuador;
Premio Hierbabuena de Plata, de Cabezas de San Juan, 1999;
Premio Foro Jurídico de la revista Foro Jurídico;
Condecoración “Runa Jailly”, exaltación indígena del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Ecuador;
Premio Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Minnesota, Estados Unidos;
Medalla Goler T. Butcher de la Sociedad Americana de Derecho Internacional;
Premio Utopía de Humanidades y Ciencias Sociales de Fuenlabrada, Madrid, 1999;
Premio de Derechos Humanos 1999, de aldhu-Ecuador;
Título del Mejor Juez de Latinoamérica de los años 1999 y 2000, de la Asociación Americana de Juristas;
Premio Rosario Livatino a la Solidaridad, de Catania, Sicilia, 2000;
Presea Isidro Fabela de la Facultad de Derecho de la unam, 2000;
Medalla de plata al Mérito Policial 2000, del Ministerio del Interior de España;
Medalla de la Conferencia año 2001, del Colegio de Abogados de París;
Medalla de la ciudad de Buenos Aires, 2001;
Medalla de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 2001;
Medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, 2001;
Galardón estatuilla “El abrazo” de la organización no gubernamental “Tierra de hombres”, 2002;
Premio Extraordinario al Compromiso Social, de la Confederación de Jóvenes Empresarios de Murcia, 2002;
Premio Al-Andalus del Año del Grupo Andalucista de Palma de Río, 2002;
Medalla de la Policía Local de Roquetas del Mar, 2002;
Premio “Protagonistas” de Onda Cero, 2002;
Premio Anual 2002 de la Fundación Gregorio Ordóñez;
Premio Nacional “Defensores de la libertad y de la democracia” del Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Real, 2002;
Premio “Micrófono de Oro”, 2003;
Premio Plum por la lucha de los Derechos Humanos, de la Fundación Plum de Dinamarca, 2003;
Premio a la Tolerancia, de la Asociación por la Tolerancia, de Barcelona, 2003;
Premio a los Valores Humanos de la Fundación Social Universal de Montilla, Córdoba, 2003;
Premio la Razón de Oro, del diario La Razón, 2003
Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, y por veinte universidades más en el extranjero.
Premio Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de Roma, en reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional.
Premio José Luis López de Lacalle a la Convivencia, concedido por el Foro de Ermua, por su lucha contra el terrorismo (2003).
Premio a la Defensa de los Valores Humanos, que concede por tercer año consecutivo la ONG montillana Fundación Social Universal.
Es Doctor Honoris Causa por 30 universidades de todo el mundo.
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