Baltasar
Garzón Real, abogado y juez. Nació en Torres (Jaén) en 1955. Como
Juez de la Audiencia Nacional llevó a cabo la instrucción de
delitos de gran relevancia mediática como crímenes contra la
humanidad, terrorismo de ETA y GAL, narcotráfico, corrupción
política y delincuencia económica. En 2012 fue inhabilitado como
juez acusado de prevaricación por Tribunal Supremo, tras una
polémica instrucción, que está siendo actualmente revisada por el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Familia. Es
el segundo de los cinco hijos del agricultor y empleado Ildefonso
Garzón Cruz, y de Maria Real Burgos, ambos naturales de Torres
(Jaén). En 1980, contrajo matrimonio con María del Rosario Molina,
con la que tiene tres hijos.
Formación. Empezó
a estudiar en un colegio privado de Baeza, ubicado en un antiguo seminario. La familia se trasladó a Sevilla, donde se
licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979.
Juez. Accedió
en 1980 a la carrera judicial aprobando la oposición a Juez. En 1981
fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del
Camino (Huelva). Posteriormente, fue trasladado a
Villacarrillo (Jaén). En
1983 obtuvo el ascenso a Magistrado. Su primer destino fue Vitoria,
en 1984 pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de
Almería. En 1987 le nombraron inspector delegado del Consejo General
del Poder Judicial para todos los Tribunales de Andalucía.
Audiencia
Nacional. De
1988 a 2012 fue magistrado del Juzgado Central de
Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. En este empleo
consiguió gran repercusión mediática por las acciones que llevó a
cabo en todos los niveles de alta delincuencia, política,
terrorista, narcotráfico, y económica.
Narcotráfico. Baltasar Garzón dirigió importantes
operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente
en Galicia. Con la operación Nécora, en 1990, desarticuló la
organización liderada por Laureano Oubiña y, con la operación
«Pitón» (1991), detuvo a los integrantes del llamado «clan de los
Charlines».
Caso
GAL. Sus
investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado
contribuyeron también a denunciar las acciones realizadas por
los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada
"guerra sucia" contra el terrorismo. Respecto al secuestro
de Segundo Marey, caso por el que se dieron a conocer los GAL, Rafael
Vera, fue condenado por el Tribunal Supremo. Rafel Vera,
recurrió esta Sentencia ante el Tribunal de Estrasburgo que afirmó
que "la imparcialidad del juez de instrucción Nº 5 de la
Audiencia Nacional Española Baltasar Garzón podría estar en
entredicho" por las "relaciones personales conflictivas"
y la "enemistad manifiesta" entre el demandante y el
magistrado", fruto de su desempeño en el gobierno socialista
junto a Rafael Vera. Sin embargo, esta misma sentencia concluye que
pese a este hecho, España no violó el Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
Terrorismo
de ETA y su entorno. Garzón
investigó a la organización terrorista (ETA) y lo que se considera
su entorno. Fue el primer juez español que se desplazó a Francia
para interrogar a dirigentes de la banda detenidos en el país
vecino. Sus investigaciones provocaron la detención de los
responsables de casi un millar de asesinatos cometidos por la banda
desde 1961 hasta el año 2010. En 2002, suspendió durante tres años
las operaciones del partido Batasuna, considerando que formaba parte
del entramado de ETA. También ha investigado a otras organizaciones
del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV),
alegando que formaban parte de diversos frentes del entramado de ETA.
En
diciembre de 2006, Baltasar Garzón incorporó a sus investigaciones
sobre delitos de terrorismo un procedimiento para reforzar las
garantías de los detenidos en régimen de incomunicación para casos
de terrorismo, respetando los estándares internacionales de
organismos de Naciones Unidas y de Derechos Humanos que en ese
momento no se asumían en España. El conocido como Protocolo Garzón.
Derecho
internacional. Garzón
cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra
el ex dictador chileno Augusto Pinochet por
la muerte y tortura de ciudadanos españoles
durante su mandato y por crímenes contra la Humanidad,
basándose en el informe de la Comisión chilena de la
verdad (1990-1991).
Dictadura
militar Argentina. Garzón
asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos
de delitos de lesa humanidad contra ciudadanos argentinos por
la desaparición de ciudadanos españoles durante
la dictadura argentina de1976-1983. En ese marco, la
Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a
640 años de prisión.
Crímenes
del franquismo. Baltasar
Garzón, mediante una resolución fechada en octubre de 2008, se
declaró competente para llevar adelante acciones judiciales
conducentes a investigar las atrocidades realizadas por la Dictadura
franquista, consistentes en torturas, desapariciones forzadas y
ejecuciones.
La
decisión de Garzón fue recibida con entusiasmo por las
organizaciones memorialistas impulsoras de estas denuncias, que
incluso habían remitido al juez un censo parcial de nombres de más
de 140.000 desaparecidos. Sin embargo, esta resolución se tomaba en
contra del criterio de la Fiscalía General del Estado, que argumentó
que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar este tipo
de delitos. Finalmente, Garzón se inhibió en favor de los jueces
territoriales mediante un Auto
El
24 de abril de 2010 miles de personas realizaron concentraciones y
manifestaciones convocadas en toda España para denunciar la
impunidad del franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón,
convocadas por plataformas de reconocimiento a la Memoria Histórica.
La
organización de ultraderecha Falange Española de las JONS y el
pseudo sindicato Manos Limpias, denunciaron a Garzón ante el
Tribunal Supremo. Tras un largo proceso, la Sala Segunda del Tribunal
Supremo declaró a Garzón inocente del delito de prevaricación en
una sentencia histórica que cerraba la vía judicial penal para
poder reclamar el derecho de las víctimas a la justicia.
Caso
Gürtel. La
Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una
investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en
Madrid, Valencia y otras regiones. A los implicados se les acusó de
blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de
influencias. El
nombre dado a la trama, Gürtel, está relacionado con el
apellido de Francisco Correa principal sospechoso de encabezar
la red. Quedaron imputados varias decenas de cargos públicos
relacionados con el Partido Popular.
Tras
los indicios hallados contra aforados (diputados y senadores) que no
pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se
inhibió del caso y cedió la investigación de la presunta trama a
los tribunales superiores de Valencia y Madrid.
En
febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo de España admitió a trámite una querella motivada en
el hecho de que Garzón ordenara grabar las conversaciones de los
presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que
entendía que el juez habría podido incurrir en prevaricación y
vulneración de la intimidad.
En
febrero de 2010 la Fiscalía del Tribunal Supremo calificó de
«fraude de ley» la querella presentada por el abogado Ignacio
Peláez, pero el Supremo la admitió a trámite de todas formas, a
pesar del recurso de súplica del fiscal ante el tribunal contra la
admisión de la querella. La Fiscalía argumentaba que la
intervención de las grabaciones había contado en todo momento con
la autorización judicial necesaria y que además habían
proporcionado datos clave sobre las actividades de blanqueo de
capitales de los imputados.
El
juez que sucedió a Garzón en el caso en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, avaló la intervención de
estas comunicaciones al igual que las dos fiscales anticorrupción
adscritas a la causa. También estuvo conforme con esta actuación el
magistrado de la Sala de lo Penal del TSJM José Manuel Suarez
Robledano.
Sanción. En
2012, la Sala Penal del Supremo condenó al juez Baltasar
Garzón por un delito de prevaricación consistente en
interceptar las conversaciones que los imputados del 'caso Gürtel',
trama corrupta, vinculada al Partido Popular, mantuvieron en prisión
con sus abogados, “interceptación que ordenó y prorrogó a
sabiendas de que vulneraba el derecho fundamental de defensa”,
según la sentencia. La condena a 11 años de inhabilitación,
apoyada de forma unánime por la Sala, supuso la expulsión de
Baltasar Garzón de la carrera judicial.
En
febrero de 2020 El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió la
denuncia de Baltasar Garzón contra su inhabilitación por
vulneración de derechos y falta de parcialidad en el proceso
judicial por el que fue inhabilitado durante 11 años en 2012.
Estancia
en Estados Unidos. En
2005, obtuvo una licencia por estudios conferida por el Consejo
General del Poder Judicial, se incorporó como Senior Fellow al
Center on Law and Security, School of Law, de New York
University, y, como Catedrático titular de la cátedra «Cultura
y civilización español» en el King Juan Carlos I of Spain Center
de New York University. Al año siguiente regresó a España.
Tribunal
Penal Internacional. El
23 de mayo de 2010 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La
Haya le designó Consultor externo. El 7 de julio de 2011, se integró
en el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.
Actividad
en Hispanoamérica. En 2012 recibió de la presidenta de
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su documento de
identidad de residente extranjero en Argentina, para que
pudiese seguir desarrollando su actividad en dicho país, donde
ejerció de asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la
Honorable Cámara de Diputados de Argentina, y preside el Consejo de
Administración del Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO de Argentina. Coordinó
en 2012 la Veeduría Internacional de la Reforma de la Función
Judicial en Ecuador (pro-bono). Durante los años 2011 y 2012,
ejerció como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la
OEA en Colombia (2011-2012).
Política. Fue
candidato independiente a diputado en las listas
del PSOE en 1993 y, al constituirse el ejecutivo, fue
nombrado delegado del Gobierno en el Plan Nacional
sobre Drogas, con rango de secretario de Estado. En mayo
de 1994 abandonó ambos cargos. En
2017 fue uno de los fundadores del partido político Actúa, y fue candidato a las
elecciones europeas.
Abogacía. Desde
abril de 2012, ejerce como abogado por el ilustre colegio de Abogados
de Sevilla. Dirige el despacho de abogados ILOCAD SL, desde donde
coordina pro bono la defensa del fundador de Wikileaks, Julian
Assange.
Publicaciones y
divulgación. Baltasar
Garzón es autor de 9 libros entre los que destacan, “Cuento de
Navidad: es posible un mundo diferente” (2002), “Un Mundo sin
Miedo” (2005), “La Lucha contra el terrorismo y sus límites”
(2006), “La Línea del Horizonte” (2008), “En el Punto de Mira”
(2017) y “No a la Impunidad” (2019)
Existe
una biografía de Garzón, cuya autora es la periodista Pilar
Urbano, titulada “Garzón: El hombre que veía amanecer”. El
Consejo General del Poder Judicial abrió diligencias informativas al
juez por esta biografía, por considerar que Garzón reveló datos a
la autora sobre sumarios que instruyó o estaba instruyendo.
Ha
impartido Cursos y Conferencias en numerosas Facultades de Derecho
tanto en España como en el extranjero. Es
autor de numerosos artículos publicados en periódicos relevantes y
en revistas de temas jurídicos. Pertenece
a un gran número de sociedades y asociaciones de ámbito judicial y
de temas sociales y políticos.
COVID-19. En
2020 ha resultado contagiado de forma grave por el COVID-19, estuvo
ingresado casi diez días en la clínica Ruber de Madrid por una
neumonía bilateral a consecuencia del coronavirus, y continuó el
tratamiento desde su domicilio, bajo la premisa de “aislamiento
absoluto” durante catorce días más.
Premios
y reconocimientos honoríficos. Han
sido muchos los premios y reconocimientos que ha recibido entre los
que estacan:
Premio
Nacional de Derechos Humanos, 1990;
Premio
Jurista del Año de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de
Derecho, 1990;
Premio
al Español con mayor impacto en la prensa internacional en 1990,
por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera;
Premio
Jurista del Año 1991 de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid;
Premio
Master de Oro del Forum de Alta Dirección, 1993;
Hijo
Predilecto de Torres, Jaén, 1994;
Premio
Internacional Paz y Solidaridad 1995 de la Fundación Ignis Ardens,
de Roma;
Premio
Leaders of Future 1998, del World Economic Forum;
Nombramiento
de representante honorífico de España en el Museo del Holocausto
de Washington, en 1997 en reconocimiento a la contribución para el
establecimiento de la Corte Penal Internacional de Justicia, 1998;
Premio
a la Personalidad Española de 1998 de la Asociación del Club
Internacional de Prensa, de España, 1999;
Premio
Portapaz de 1999 del Seminario Gallego de Educación para la Paz;
Premio
a la Solidaridad Internacional de Érguete-Vigo, 1999;
Título
de Juez del siglo de la Asociación de Derechos Humanos, de Ecuador;
Premio
Hierbabuena de Plata, de Cabezas de San Juan, 1999;
Premio
Foro Jurídico de la revista Foro Jurídico;
Condecoración
“Runa Jailly”, exaltación indígena del Consejo Nacional de
Mujeres Indígenas de Ecuador;
Premio
Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Minnesota, Estados
Unidos;
Medalla
Goler T. Butcher de la Sociedad Americana de Derecho Internacional;
Premio
Utopía de Humanidades y Ciencias Sociales de Fuenlabrada, Madrid,
1999;
Premio
de Derechos Humanos 1999, de aldhu-Ecuador;
Título
del Mejor Juez de Latinoamérica de los años 1999 y 2000, de la
Asociación Americana de Juristas;
Premio
Rosario Livatino a la Solidaridad, de Catania, Sicilia, 2000;
Presea
Isidro Fabela de la Facultad de Derecho de la unam, 2000;
Medalla
de plata al Mérito Policial 2000, del Ministerio del Interior de
España;
Medalla
de la Conferencia año 2001, del Colegio de Abogados de París;
Medalla
de la ciudad de Buenos Aires, 2001;
Medalla
de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 2001;
Medalla
de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, 2001;
Galardón
estatuilla “El abrazo” de la organización no gubernamental
“Tierra de hombres”, 2002;
Premio
Extraordinario al Compromiso Social, de la Confederación de Jóvenes
Empresarios de Murcia, 2002;
Premio
Al-Andalus del Año del Grupo Andalucista de Palma de Río, 2002;
Medalla
de la Policía Local de Roquetas del Mar, 2002;
Premio
“Protagonistas” de Onda Cero, 2002;
Premio
Anual 2002 de la Fundación Gregorio Ordóñez;
Premio
Nacional “Defensores de la libertad y de la democracia” del
Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Real, 2002;
Premio
“Micrófono de Oro”, 2003;
Premio
Plum por la lucha de los Derechos Humanos, de la Fundación Plum de
Dinamarca, 2003;
Premio
a la Tolerancia, de la Asociación por la Tolerancia, de Barcelona,
2003;
Premio
a los Valores Humanos de la Fundación Social Universal de Montilla,
Córdoba, 2003;
Premio
la Razón de Oro, del diario La Razón, 2003
Es doctor honoris causa por
la Universidad de Jaén, y por veinte universidades más en el
extranjero.
Premio
Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de
Roma, en reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento
de la Corte Penal Internacional.
Premio
José Luis López de Lacalle a la Convivencia, concedido por el Foro
de Ermua, por su lucha contra el terrorismo (2003).
Premio
a la Defensa de los Valores Humanos, que concede por tercer año
consecutivo la ONG montillana Fundación Social Universal.
Es Doctor Honoris Causa por 30 universidades de todo el mundo.
